La empresa brasileña Vale do Río Doce ejecuta casi en secreto las obras de infraestructura necesarias para concretar la explotación de la mina Potasio Río Colorado, ubicada en Malargüe. Desde el inicio de las actividades en el yacimiento subsiste una puja entre Mendoza y Neuquén por la procedencia geográfica de la mano de obra contratada y de los proveedores de insumo.
La decisión empresarial de no ventilar las operaciones que se desarrollan en el interior del área concesionada por el Estado mendocino quedó en evidencia la semana pasada, cuando la compañía negó un permiso solicitado por el gobierno de Celso Jaque para que un grupo de periodistas locales accedieran a la zona en la que se desarrollan los trabajos contemplados en el proyecto minero. Se frustró así la posibilidad de que los periodistas constataran el número de trabajadores que ya se desempeñan en el emprendimiento y el origen de estos.
El ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, organizó una expedición al Sur provincial con el objeto de difundir una serie de proyectos ligados a su cartera que están en ejecución o próximos a licitarse. La agenda original no pudo cumplirse al pie de la letra porque unas pocas horas antes de la partida del contingente, prevista para el pasado jueves a primera hora de la mañana, se confirmó que la empresa brasileña no autorizó el acceso de los trabajadores de prensa a su fortaleza sureña.
El Gobierno tramitó los permisos con más de un mes de anticipación, informó a este diario un vocero de Infraestructura. La misma voz, aseguró que el ministro Pérez se ofuscó al conocer la negativa y confirmó que en el Ministerio no habían recibido ninguna explicación que sustentara el rechazo a los permisos tramitados.
Además de la relación contractual devenida de la concesión del área por parte del Estado a la compañía brasileña, existe un convenio entre las partes que fija un canon extra a pagar por Vale y el compromiso de la empresa de tomar mano de obra mendocina y adquirir la mayor cantidad posible de insumos a proveedores locales.
Las operaciones de la minera en Malargüe comenzaron en el segundo semestre de 2010, a la par del tratamiento legislativo del convenio con el Gobierno. Según lo anunciado, Vale estima invertir más de 3.000 millones de dólares y generar fuentes de trabajo directas e indirectas para unas 2.500 personas. El yacimiento tendría unos 40 años de vida útil, de acuerdo a las previsiones previas a la concesión.
La negativa de Vale al ingreso de la prensa a su campamento sureño causó sorpresa en los popes de la cartera de Infraestructura, quienes incluyeron la explotación minera en la agenda del periplo mediático convencidos de que la difusión de las actividades del interior de la mina fortalecería la aceptación en la sociedad de una de las actividades que mayor resistencia generan en la provincia. Nada que ver esa estrategia con la de los responsables de la compañía, que tiene entre sus premisas mantener la mayor reserva posible sus acciones en nuestra provincia.
La diferencia de criterios no es irracional. El Gobierno precisa construir consenso a favor de la actividad minera en general para concretar sus planes de expansión del sector en la provincia, mientras Vale ya tiene la habilitación para extraer y disponer de las sales de potasio que ofrece la geografía malargüina cerca del Río Colorado, a unos 200 kilómetros al Sur de la cabecera departamental.
En la etapa previa a la declaración de impacto ambiental que allanó el camino a la autorización de la explotación del yacimiento por parte de la compañía brasileña hubo manifestaciones contrarias al proyecto, aunque mucho menos ruidosas y convocantes que las que cuestionan la minería metalífera.
El Gobierno tramitó los permisos con más de un mes de anticipación, informó a este diario un vocero de Infraestructura. La misma voz, aseguró que el ministro Pérez se ofuscó al conocer la negativa y confirmó que en el Ministerio no habían recibido ninguna explicación que sustentara el rechazo a los permisos tramitados.
Además de la relación contractual devenida de la concesión del área por parte del Estado a la compañía brasileña, existe un convenio entre las partes que fija un canon extra a pagar por Vale y el compromiso de la empresa de tomar mano de obra mendocina y adquirir la mayor cantidad posible de insumos a proveedores locales.
Las operaciones de la minera en Malargüe comenzaron en el segundo semestre de 2010, a la par del tratamiento legislativo del convenio con el Gobierno. Según lo anunciado, Vale estima invertir más de 3.000 millones de dólares y generar fuentes de trabajo directas e indirectas para unas 2.500 personas. El yacimiento tendría unos 40 años de vida útil, de acuerdo a las previsiones previas a la concesión.
La negativa de Vale al ingreso de la prensa a su campamento sureño causó sorpresa en los popes de la cartera de Infraestructura, quienes incluyeron la explotación minera en la agenda del periplo mediático convencidos de que la difusión de las actividades del interior de la mina fortalecería la aceptación en la sociedad de una de las actividades que mayor resistencia generan en la provincia. Nada que ver esa estrategia con la de los responsables de la compañía, que tiene entre sus premisas mantener la mayor reserva posible sus acciones en nuestra provincia.
La diferencia de criterios no es irracional. El Gobierno precisa construir consenso a favor de la actividad minera en general para concretar sus planes de expansión del sector en la provincia, mientras Vale ya tiene la habilitación para extraer y disponer de las sales de potasio que ofrece la geografía malargüina cerca del Río Colorado, a unos 200 kilómetros al Sur de la cabecera departamental.
En la etapa previa a la declaración de impacto ambiental que allanó el camino a la autorización de la explotación del yacimiento por parte de la compañía brasileña hubo manifestaciones contrarias al proyecto, aunque mucho menos ruidosas y convocantes que las que cuestionan la minería metalífera.
Fuente: Diario Uno
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