jueves, 9 de diciembre de 2010

Odarda denuncia que se intenta amedrentar al S.T.J: "Es necesario levantar en alto la bandera del fallo judicial por el libre acceso al Lago Escondido"

La legisladora Magdalena Odarda (CC-ARI) manifiesta su repudio por las declaraciones publicadas en un medio de comunicación provincial, pertenecientes al representante legal de Hidden Lake SA, José Luis Bianco, en las que valora un dictamen emitido por el Fiscal de Estado Alberto Carosio y se cuestiona el fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordena al Estado habilitar el acceso público al lago Escondido por el camino de Tacuifí.
“Mal que le pese a los representantes de la empresa, el derecho de acceder a ríos y lagos está consagrado por leyes de fondo en nuestro país y por la Constitución Provincial , y tal como se puede advertir, el fallo judicial no hace más que atender el reclamo de la ciudadanía garantizando el libre acceso por uno de los puntos geográficos que históricamente se conocen como mas accesibles”, señaló Odarda.

“Por otro lado, el “caso Lago Escondido” se ha transformado en un paradigma social y jurídico del libre acceso a las costas y el derecho al acceso al agua, por lo cual ¿Quien podría dudar que la sentencia ha sido justa cuando la privatización de las costas, el acceso público a las fuentes de agua y el derecho de acceso al agua son temas trascendentes, de debate social y académico en nuestro país?”, agregó la parlamentaria.

El dictamen del Fiscal de Estado, aunque no ha salido a la luz públicamente, creemos que no es más que la prolongación de la actitud seductora que constantemente ha caracterizado a la gestión del gobierno provincial en relación con la empresa y el millonario Joe Lewis. Actitud que ha sido y sigue siendo denunciada por importantes organizaciones sociales y políticas en nuestra provincia. Nada nuevo bajo el sol en este sentido.

 Pero esta vez, la operación mediática para desacreditar personalmente a los impulsores del mandamus que solo hemos buscado la aplicación de la ley, ha llegado demasiado lejos, pues ahora se pone en duda el accionar del Superior Tribunal de Justicia, un órgano independiente del poder político, cuya función es dirimir cuestiones en las que se encuentren derechos vulnerados. La independencia del Poder Judicial es imprescindible para el sostenimiento del sistema democrático.

“Repudiamos el cuestionamiento que en particular se hace al Juez Sodero Nievas, quien junto con los otros jueces de ese alto tribunal han justipreciado adecuadamente el reclamo presentado por los ciudadanos y sus organizaciones, cuyo fin ha sido que los intereses públicos primen sobre las pretensiones privadas y los derechos de acceso público al lago sean definitivamente reconocidos”.


Fuente: Prensa Bloque CC - ARI










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