Dos organismos provinciales tienen que informar al Superior Tribunal de Justicia, en un plazo de un mes, la cantidad de mineral “indio” que hay en el área sanantoniense y el programa de disposición de ese elemento, después de ejecutado el contrato de servicio de consultoría para la evaluación detallada y diseño del plan de remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición de la Mina Gonzalito”.Esa es la instrucción que tienen la Secretaría de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro y el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), a través de una resolución del máximo organismo judicial rionegrino, emitida el 15 de este mes.
El 15 de junio de 2010, el Superior Tribunal decidió hacer lugar parcialmente a la reposición intentada por la Municipalidad de San Antonio Oeste, a fin de posibilitar la continuidad de las actividades relativas a la ejecución del contrato de “servicio de consultoría”, firmado el 18 de enero del 2010 entre la Secretaría de Minería de la Nación y URS Corporation SA.
Para la Justicia, dicho acuerdo tan solo implica que la empresa consultora debe realizar una evaluación detallada y el diseño del plan de remediación de las áreas impactadas por las operaciones de la ex fundición de la Mina Gonzalito en San Antonio Oeste.
Por eso, el Tribunal decidió mantener parcialmente la medida cautelar dispuesta por el presidente del cuerpo en cuanto pueda significar remoción o extracción de material existente en la zona.
Por eso, el Tribunal decidió mantener parcialmente la medida cautelar dispuesta por el presidente del cuerpo en cuanto pueda significar remoción o extracción de material existente en la zona.
También se ordenó a la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) y a la Municipalidad de San Antonio Oeste el seguimiento y contralor de las actividades que se realicen en el marco del referido contrato, en orden a “preservar el interés público, sumado al deber de la adopción de todas las medidas necesarias a fin de garantizar de modo pleno y efectivo la salud de los habitantes de San Antonio Oeste en cuanto objetiva y probadamente dicho material acreciente o agrave sus riesgos en el curso del cronograma de ejecución del servicio de consultoría”.
De los informes oficiales surge que el CODEMA, como autoridad ambiental y contralor de las actividades que se realizan en el marco del contrato de servicio de consultoría, contrató a la ingeniera Patricia Llonch para fiscalizar la ejecución de las tareas que la consultora lleva a cabo, a la par que se han realizado reuniones con el ingeniero Luis Ferpozzi, coordinador del Subprograma de Gestión Ambiental Minera de la Secretaría de Minería de la Nación, y personal a su cargo, para coordinar el desarrollo de las tareas sobre el objeto del contrato y dando cumplimiento al control y seguimiento ordenado judicialmente.
Desde el STJ se sustentó la necesidad garantizar la brevedad de los plazos en la tramitación de acciones constitucionales de esta naturaleza excepcional, ordenando a la provincia – Minería y CODEMA- y al municipio de San Antonio Oeste que “tomen todos los recaudos necesarios a fin de garantizar que el elemento “indio” que pudiera existir en los residuos de la ex mina Gonzalito sean preservados dentro del patrimonio provincial y/o municipal, evitando toda posible extracción sin el debido control de la autoridad pública”.
De los informes oficiales surge que el CODEMA, como autoridad ambiental y contralor de las actividades que se realizan en el marco del contrato de servicio de consultoría, contrató a la ingeniera Patricia Llonch para fiscalizar la ejecución de las tareas que la consultora lleva a cabo, a la par que se han realizado reuniones con el ingeniero Luis Ferpozzi, coordinador del Subprograma de Gestión Ambiental Minera de la Secretaría de Minería de la Nación, y personal a su cargo, para coordinar el desarrollo de las tareas sobre el objeto del contrato y dando cumplimiento al control y seguimiento ordenado judicialmente.
Desde el STJ se sustentó la necesidad garantizar la brevedad de los plazos en la tramitación de acciones constitucionales de esta naturaleza excepcional, ordenando a la provincia – Minería y CODEMA- y al municipio de San Antonio Oeste que “tomen todos los recaudos necesarios a fin de garantizar que el elemento “indio” que pudiera existir en los residuos de la ex mina Gonzalito sean preservados dentro del patrimonio provincial y/o municipal, evitando toda posible extracción sin el debido control de la autoridad pública”.
Fuente: ADN
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