El presidente de la Cámara de Comercio, industria y Turismo, Hugo Repucci, informó que el lunes 2 de agosto a las 18 en la sede de la entidad se realizará la asamblea pública para debatir la temática de la ampliación del ejido municipal y el conflicto por el límite con San Antonio.
Esto se ha reactualizado a partir del proyecto de Inés Lazzarini y Adriana Gutiérrez de ampliar el ejido municipal viedmense hasta Bahía Ckeek. Muchos consideran que esto alimenta las pretensiones sanantonienses de llevar su límite hacia al norte, sobre la costa atlántica, por lo menos hasta Pozo Salado. De hecho hay un proyecto de María Inés Maza (Encuentro-Frente Grande), Adrián Casadei (Alianza) y Renzo Tamburrini (PJ) en este sentido. Repucci dijo a la agencia APP que, a su juicio, hay que encontrar “la variante jurídica” que permita al Municipio de Viedma ampliar su ejido, sin resignar a la vez territorio del departamento Adolfo Alsina a favor de San Antonio. El Titular de la Cámara de Comercio ratificó que históricamente, tal como lo fija la Carta Orgánica, el límite del ejido viedmense es el que fija la ley 900, la línea que separa el departamento Adolfo Alsina del de San Antonio.
Reconoció que el proyecto de María Inés Maza (Encuentro-Frente Grande), Adrián Casadei (Alianza) y Renzo Tamburrini (PJ), que propicia la ampliación del ejido de San Antonio hasta el límite con el Área Natural Protegida Caleta de Los Loros, sin renunciar a ir incluso más allá, “sale como consecuencia que se interpreta que el proyecto de Lazzarini está resignando una parte del ejido municipal de Viedma”.
Sobre esta problemática, Repucci dijo a la agencia APP que “nosotros vemos la necesidad que la Municipalidad de Viedma amplíe por un lado su ejido urbano, para controlar sobre todo las construcciones ilegales sobre la costa, pero por otro lado que no se debe resignar bajo ningún concepto que oportunamente se fijó por la ley 900”.
“La duda es cómo hacer para apoyar la ampliación del ejido, sin resignar nada”, aseveró.
Indicó que “hay consenso” para que se sancione el proyecto de Inés Lazzarini (PPR Histórico) y Adriana Gutiérrez (ACD), pero “simultáneamente fijar por ley restricciones al uso del suelo de todo el tramo costero que quede entre el límite más cercano a San Antonio del proyecto de Lazzarini/Gutiérrez hasta el límite que estableció la ley 900 y que se prohíba todo tipo de cambio de uso del uso hasta tanto se defina un proyecto que anunció el gobernador Miguel Saiz, que se había contratado por intermedio de organismos internacionales de la Universidad de Santander, de hacer un marco de desarrollo de toda la costa atlántica. Una vez que ese proyecto esté en vigencia y que la provincia lo haya reglamentado, entonces sí entendemos que la Comisión de Límites debería reunir a los Concejos Deliberantes de San Antonio y Viedma para fijar el límite”.
Al señalársele que igualmente al probarse el proyecto Lazzarini/Gutiérrez se consagraría un antecedente negativo que favorecería las pretensiones de San Antonio, respondió a la agencia APP que “hay intereses inmobiliarios que quieren que todo siga como está; el proyecto de Lazzarini/Gutiérrez debería tener otro articulado o una ley complementaria que establezca como condición que queda todo como está –entre Bahía Creek y el límite que estableció la ley 900- hasta tanto se ponga en vigencia las conclusiones que la provincia arribe cuando tenga el estudio de todo el sector costero atlántico”.
Señaló que, a su juicio, “la Comisión de Límites de la Legislatura tiene que reunir a la gente de San Antonio y Viedma y sentarla junta a discutir el tema, y eso no va a salir mañana, pero por otro lado sí es necesario que el proyecto de Lazzarini o uno similar ponga coto a la situación actual, porque no puede ser que la costa del río, por ejemplo, que está frente a FRIDEVI sea tierra de nadie porque no hay nada legislado”.
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