Los hechos de inseguridad de público conocimiento, los asesinatos de los 3 jóvenes barilochenses y la ejecución de Trafiñanco en la ciudad de Viedma, justifican una profunda revisión de las políticas de seguridad. La juventud parece ser el blanco más visible de esta problemática, pagando costos humanos altísimos por el no cumplimiento de las funciones indelegables del Estado para la preservación de la vida y la seguridad mediante sus instituciones.
Esta situación genera la necesidad de revisión e intervención que ponen en jaque los modelos de aplicación, la voluntad política y la toma de decisiones sobre las políticas de seguridad. Las fallas quedan reflejadas en la acción preventiva concreta, la participación ciudadana y los sistemas de formación policial. Basta recordar que hace veinte días la división de asuntos internos de la misma policía comenzó una investigación sobre casos de falsificación de documentos públicos de alumnos incorporados en la escuela policial de Sierra Grande. El escaso control del ingreso de cadetes, la falta de conducción y la carencia en la capacitación y formación, no contribuyen a garantizar la seguridad pública
Esto demuestra que la raíz del problema es extensa, y su tallo político tiene nombres y apellidos: Diego Larreguy, Victor Cufre, y la Cúpula Policial. Si la única verdad es la realidad, queda expresamente demostrado que la conducción política de la seguridad es la máxima responsable de los hechos acontecidos y que el Gobernador (al igual que la ciudadanía) tiene pleno conocimiento de esta situación.
Las decisiones políticas son la clave del cambio, éstas son capaces de dar una solución al caos institucional relacionado al abuso policial. Este cambio debe producirse de manera vertical y el Gobernador de la provincia tiene la responsabilidad de terminar con esta anarquía. Parecería que sus compromisos personales se superponen en los deberes institucionales y estos no le permiten realizar los cambios. Ello evidencia que el mayor responsable de inseguridad y abuso policial es Miguel Saiz, Gobernador de la Provincia de Río Negro.
Firman este comunicado: Carlos Soria, Presidente del Partido Justicialista Distrito Río Negro; Miguel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del Frente para la Victoria; León Rodríguez, Presidente del Bloque de Legisladores Provinciales del Frente para la Victoria; Ariel Rivero, Presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista; Jorge Cejas y Oscar Albrieu, Diputados Nacionales del Frente para la Victoria.
Esto demuestra que la raíz del problema es extensa, y su tallo político tiene nombres y apellidos: Diego Larreguy, Victor Cufre, y la Cúpula Policial. Si la única verdad es la realidad, queda expresamente demostrado que la conducción política de la seguridad es la máxima responsable de los hechos acontecidos y que el Gobernador (al igual que la ciudadanía) tiene pleno conocimiento de esta situación.
Las decisiones políticas son la clave del cambio, éstas son capaces de dar una solución al caos institucional relacionado al abuso policial. Este cambio debe producirse de manera vertical y el Gobernador de la provincia tiene la responsabilidad de terminar con esta anarquía. Parecería que sus compromisos personales se superponen en los deberes institucionales y estos no le permiten realizar los cambios. Ello evidencia que el mayor responsable de inseguridad y abuso policial es Miguel Saiz, Gobernador de la Provincia de Río Negro.
Firman este comunicado: Carlos Soria, Presidente del Partido Justicialista Distrito Río Negro; Miguel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del Frente para la Victoria; León Rodríguez, Presidente del Bloque de Legisladores Provinciales del Frente para la Victoria; Ariel Rivero, Presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista; Jorge Cejas y Oscar Albrieu, Diputados Nacionales del Frente para la Victoria.
Fuente: Prensa Bloque Partido Justicialista
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