La Legisladora y Presidente de la Comisión del Parlamento Patagónico, Magdalena Odarda, solicitó mediante una iniciativa legislativa, al Parlamento Patagónico y a los Poderes Ejecutivos de las provincias que lo integran, la necesidad de legislar en función de proteger el territorio patagónico de la creciente concentración y extranjerización de la tierra.Solicita también en el segundo artículo del mencionado proyecto, la necesidad de legislar con el fin de evitar la venta de tierras en las zonas de Seguridad de Frontera a personas físicas o jurídicas extranjeras, en consonancia con el articulo 42 de la ley 23554 de Defensa Nacional que declara de conveniencia nacional que “…los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos o la que en el futuro se dicte”.
Por todo lo expuesto, Odarda fundamentó: “En la Patagonia, la especulación y la búsqueda de adueñarse de porciones de territorio, ha sido desde la época del genocidio del pueblo indígena, una constante que aún hoy se mantiene”.
“En la década de los 90’ esa práctica se acentuó con la apertura indiscriminada a los capitales extranjeros, ávidos por desarrollar sus industrias extractivas (forestales, mineras, hidroeléctricas, petroleras, etcétera), en el marco de una legislación permisiva (las actividades como la minera, permiten derivar la casi totalidad de las riquezas que extraen hacia sus países de origen), que expresó en sus objetivos el saqueo programático de los recursos naturales de nuestro país”, agregó la parlamentaria.
El predominio de una concepción utilitaria de la tierra como un bien de mercado y no como un bien social, fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de la tierra y extranjerización. Uno de los factores que dio lugar a la concentración, fue el paulatino, pero también inevitable, endeudamiento de productores.
Magdalena Odarda, Presidente de la Comisión del Parlamento Patagónico, además detalló: “en laextranjerización, influyeron el interés por las potencialidades del territorio, la ausencia de legislación restrictiva y el bajo precio de la tierra en Argentina, en comparación con el mercado mundial de bienes raíces. Lo que preocupa a los que nos comprometemos políticamente en la defensa del territorio como bien social, junto con los movimientos sociales que ponen la voz de alerta ante cada situación de desapoderamiento, es la facilidad y vehemencia con la que los estados nacional, provincial y no pocas veces municipales hacen, suyos los argumentos y defensa de los intereses de los inversores, olvidando los intereses colectivos”.
“Mientras este “apropiamiento” genera ventajas para las empresas, también provoca la progresiva privatización de lo público y la consiguiente pérdida de soberanía en la definición social de uso, destino y potenciales beneficiarios de esos bienes comunes. La extranjerización y concentración de la tierra, generan una fuerte presión sobre los sectores productivos que, en muchas ocasiones debilitados por los ahogos financieros, falta de competitividad (según las recetas del mercado que aplican los Estados), no ven salida a su situación y venden la tierra”, destacó.
Fundamenta Odarda que: “La desruralización progresiva, la pérdida de soberanía (en la definición de uso y destino del territorio por parte de toda la sociedad y de identidad social y cultural), de miles de pequeños y medianos productores y la exclusión, son la consecuencia inevitable de ese proceso de concentración y extranjerización de la tierra que venimos denunciando”.
En los últimos dos años se han presentado varios proyectos de ley en el Congreso Nacional, en los cuales se propone, como posible solución a este problema, incrementar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, grandes empresas y particulares. En el año 2002, diputados del ARI, presentaron un proyecto, que ha sido actualizado y representado por los Diputados de la Coalición Cívica Susana García, Fernando Sánchez, Elsa Quiroz y otros. Hoy, la Federación Agraria Argentina, impulsa una iniciativa contra la extranjerización, la cual compartimos y en la que se inspira el presente proyecto.
“En Río Negro”, señaló la diputada provincial, “hemos presentado un proyecto que modifica artículos de la ley Q 279, ley de tierras y colonias provincial, con el fin de restringir el acceso a las personas físicas o jurídicas de origen extranjero en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, los que imponen estrictas prohibiciones y límites en la adquisición de inmuebles, fijando la intervención del Estado en la defensa de su territorio, de sus recursos naturales y de su producción nacional”.
“En el documento “Una Tierra para Todos”, de la Conferencia Episcopal Argentina, elaborado, entre otros, por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se pone en evidencia este proceso En este informe, demuestra que las provincias que se destacan por una mayor concentración de tierras en pocas manos (Neuquén entre ellas), siguiéndole en importancia Río Negro junto con Santiago del Estero, y otras”, finalizó la Diputada Provincial de la CC-ARI.
Prensa Bloque CC - ARI
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